En este caso, nuestra clienta presentó denuncia policial contra su ex marido por cuanto que desde que se había dictado la Sentencia de divorcio que le obligaba a abonar la pensión de alimentos a favor de sus dos hijas menores, el mismo no había realizado ni un solo pago mensual de dicha pensión de alimentos.

Toda vez el Juzgado de Instrucción lo oyó en declaración el mismo afirmó que se encontraba en paro desde hacía tiempo y que no disponía de medios económicos, aportando declaraciones de renta negativas de los últimos años. Por ello, el Juzgado de Instrucción nº 26 de Barcelona dictó Auto de sobreseimiento provisional y archivo.

Contra dicho Auto presentamos recurso de apelación por cuanto mi mandante disponía de prueba documental que demostraba que su ex marido había recibido una indemnización de una compañía de seguros por una importante cuantía. Resolviendo la Audiencia Provincial el recurso de forma favorable a nuestras pretensiones, se ordenó la continuación del procedimiento, llevándose a cabo la correspondiente vista de juicio oral, y en la misma, el acusado afirmó haber recibido dicha indemnización económica; no obstante, pese a esto, nunca abonó ni un sólo euro de la pensión de alimentos para sus hijas, es por ello que, el Juzgado de lo Penal nº 17 de Barcelona lo condenó por el delito de impago de pensiones.

El Juzgado de lo Penal nº 9 de Barcelona dictó sentencia absolutoria para nuestro cliente, el cual estaba acusado por el Ministerio Público de un delito de quebrantamiento de condena del artículo 468.2 del Código Penal.

El mismo había sido condenado previamente por la Audiencia Provincial de Barcelona a la pena de prohibición de aproximarse (1000 metros) y comunicarse con su ex pareja. Y, en la fecha de los hechos, había sido localizado por los agentes Mossos d’Esquadra a una distancia de 500 metros del domicilio de la víctima.

No obstante, en el presente caso, el Juez de lo penal consideró que el acusado no tenía ningún tipo de intención de aproximarse a la víctima, por cuanto, no se cumplían los elementos del delito por cuanto no existía ningún tipo de dolo por parte de nuestro cliente.

En el presente caso, en un procedimiento previo, en el que también asistimos a nuestra clienta como acusación particular, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Hospitalet de Llobregat dictó orden de protección contra su ex pareja, prohibiéndole aproximarse a una distancia de 500 metros y comunicarse con la misma.

Dicha medida de protección fue ampliada por el Juzgado de lo Penal nº 14 de Barcelona, ampliando la distancia de aproximación en 1.000 metros, además, de condenar a la ex pareja por un delito de maltrato en el ámbito familiar.

En este procedimiento, el Juzgado de lo Penal nº 5 de Barcelona, consideró probados los hechos denunciados por nuestra clienta, en base a la declaración de la misma, así también de los agentes de policía, en cuanto a que su ex pareja intentó acceder a su domicilio, en el que la misma residía, pese a que su defensa intentó demostrar que la denunciante no residía en el mismo, siendo condenado por un delito de quebrantamiento de medida cautelar del artículo 468.2 del Código Penal.

Nuestro cliente fue acusado de dos delitos de malos tratos en el ámbito familiar del artículo 153.1 y 3 del Código Penal y un delito de amenazas leves del artículo 171. 4 del Código Penal.

El Juzgado de lo Penal nº 7 de Barcelona dictó sentencia absolutoria para nuestro cliente, toda vez celebrado el juicio oral, no consideró acreditada la comisión de ninguno de los delitos por los que era acusado nuestro cliente, al existir más que dudas sobre la realidad y mecánica comisiva de las lesiones objetivas en la denunciante, obrantes tanto en el parte de urgencias como en el informe del médico forense, por cuanto las contradicciones existentes en la versión aportada por la misma no fueron suficientes para desvirtuar el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 24 de la CE.

En este caso, el Juzgado de lo Penal nº 2 de Barcelona, condenó a la ex pareja de nuestra clienta por dos delitos de maltrato en el ámbito de la violencia de género del artículo 153.1 y 3 del Código Penal, a la pena de 9 meses de prisión por cada uno de ellos. Por un delito de amenazas del artículo 171.4 del Código Penal, a la pena de 6 meses de prisión. Y, por un delito leve de injurias, a la pena de 3 meses de multa.

Tras la celebración del juicio oral y la práctica de prueba, consistente en la declaración de la víctima, así como, los mensajes de WhatsApp, y el informe médico forense, el juez de lo penal llegó al pleno convencimiento de la culpabilidad del acusado en la comisión de todos los delitos por los que venía acusado. Asimismo, la condena se extendió a la responsabilidad civil, debiendo abonar a nuestra clienta por los perjuicios causados.